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El pasado lunes se nos convocó de manera imprevista a Mesa General para, convenientemente camufladas en el orden del Día junto a la modificación de las bases tipo de los procesos selectivos de personal funcionario (que en resumen se actualizan a la nueva normativa), hacernos entrega de sendas bases de “méritos específicos” para los concursos de provisión de dos de los puestos de cuerpos nacionales actualmente vacantes, en concreto Interventor/a y Tesorero/a.

Esta medida viene a continuación, hemos de recordar, de la modificación unilateral por parte de la Diputación de Valencia del sistema de provisión de los puestos de cuerpos nacionales de esta corporación, que se realizó en el Pleno del pasado mes de noviembre aprovechando la convulsión de la enorme modificación de puestos de la RPT efectuada.

Aunque habitualmente no se trate en profundidad en la Mesa General de Negociación los temas del colectivo, debido a su normativa específica y a las implicaciones políticas, desde UGT fuimos los únicos que levantamos la voz en la Mesa, debido a una serie de cuestiones que no pasan desapercibidas a nadie, ya que entendemos que asumir unas bases como las entregadas supone asumir la existencia de un doble rasero en función del colectivo de pertenencia.

Y es que históricamente, desde la UGT hemos apostado firmemente por que en los procesos de selección de personal (OPEs) que se realicen por el sistema de concurso-oposición, se tenga en cuenta de manera especial la experiencia en la propia Diputación, como venimos apostando ya, por ejemplo, para la ejecución de los procesos del personal docente que se acaban de aprobar en la OPE de 2017.

Siempre se ha negado la mayor, mientras contemplamos que a nuestro alrededor muchas administraciones sacan bases de procesos en los que en la fase de méritos se puntúa de forma diferenciada la experiencia en la administración convocante.

Por otro lado, cuando aún no se ha establecido el requisito lingüístico con carácter general (aunque todo indica que en breve se va a producir), estas bases imponen como requisito la certificación del grado oral de la Junta Cualificadora de Conocimientos de Valenciano.

No acaba ahí la cosa, ni mucho menos. En las bases, se incluye como méritos específicos la antigüedad en puestos de Intervención o Tesorería, pero, cuidado:

mediante cualquiera de las fórmulas de provisión de puestos reservada a funcionarios de Administración Local, ya sea de carácter provisional, comisión de servicios o su acumulación; y sólo si dicha antigüedad es en Diputaciones Provinciales.

A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Por ello, en la mesa del pasado lunes hicimos varias consideraciones:

¿Desde la Diputación de Valencia se va emitir informe favorable de estas bases? ¿O simplemente se van a aprobar utilizando el rodillo de la mayoría plenaria? ¿Qué opina el COSITAL* de esto? Presuntamente será muy sencillo redactar una lista de posibles candidatos, de entre todo el colectivo de habilitados nacionales, que obligatoriamente tengan el grado oral de valenciano y, además, estén trabajando en Diputaciones Provinciales (para hacernos una idea apenas hay 12 puestos entre las otras dos Diputaciones de la Comunitat).

*Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local.

No nos vamos a cruzar de brazos. Desde UGT exigimos medidas.

Por ello, no nos quedó más remedio que advertir que desde la UGT vamos a:

Solicitar el pertinente informe favorable de legalidad, realizado por habilitados nacionales de la propia Corporación, y que éste conste en el expediente. Entendemos que dicho informe será efectuado por quien no tenga interés posterior en la participación en el proceso. Así mismo, solicitamos el acceso al expediente. Un informe favorable de legalidad, respecto a la posibilidad de incluir una puntuación diferenciada de la experiencia en la Diputación Provincial (en una ratio de cuatro a uno) en las bases de concurso-oposición que se puedan acordar en las OPE a ejecutar. Que se llegue a un acuerdo de bases tipo de concurso-oposición que recojan la puntuación diferenciada ya indicada, informada favorablemente. Solicitar un informe a los servicios jurídicos del sindicato con el fin de dilucidar la posibilidad de interposición de contencioso. Y aquellas otras medidas que consideremos convenientes para acabar con el agravio comparativo que se está realizando con el resto de personal.

Para esto, sí. Prisas. Muchas prisas.

Por lo que vemos, el tema hay que “aligerarlo” para darle carpetazo cuanto antes.

Este mismo martes la Comisión informativa de Personal tratará (y a buen seguro aprobará) las excepcionales medidas de reconocimiento de méritos específicos, para llevarlas al pleno de enero sin más dilación.

Mientras tanto urge esta medida, tenemos pendiente y paralizado, por ejemplo, el acuerdo de nombramiento de personal interino. Y todo apunta a que, precisamente, se debe a la falta de un informe favorable. No deja de ser curioso, a la vez que indignante.

Además de tener paralizados también otros acuerdos sumamente importantes para el resto de “mortales”, como el acuerdo de promociones internas, de bolsas de trabajo, de mejoras de empleo, etc.

¿Hemos de pararlo todo? ¿Dejamos de lado el establecimiento de la carrera profesional? ¿De la negociación del convenio?

Podrá ser legal o no. Eso lo veremos. Pero lo que es a todas luces es INMORAL.

 

Seguiremos informando.

 

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