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En la Mesa General de 26 de julio de 2016, la Diputación dio la negativa a abonar las diferencias salariales al personal del grupo E. Un año y un día y unas sentencias judiciales después, la Diputación sigue enrocada en su posición, sin querer ver la cantidad de recursos públicos que se van a malgastar en costas judiciales por no reaccionar en su momento.