La Diputación solicita una reunión “urgente” con el secretario de Estado de la Seguridad Social para tratar el asunto de los técnicos municipales
La Diputación de Valencia estará al lado de los ayuntamientos “hasta el final”, defendiendo la legalidad de los convenios con distintos colegios profesionales para ofrecer asesoramiento a los municipios, en especial los de menor población, en distintas materias determinantes para su funcionamiento. Estos convenios “llevan más de 30 años haciéndose y son fundamentales para que los pequeños ayuntamientos puedan prestar los servicios básicos municipales”, según ha explicado la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García.
En esta hoja de ruta de defender los intereses de los consistorios, el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, ha remitido una carta al secretario de Estado de la Seguridad Social “ante la gran alarma” causada por las inspecciones de trabajo a los ayuntamientos de la provincia de Valencia, en los que desarrollan su trabajo los técnicos contratados en virtud de los convenios profesionales suscritos por la institución provincial. En su misiva, Rodríguez solicita una entrevista “a la mayor urgencia”, con el fin, escribe, “de evitar el malestar y las graves consecuencias económicas que tendría la citada actuación de la Inspección sobre estos ayuntamientos pequeños y con pocos recursos económicos”.
Desde hace 30 años, la Diputación de Valencia tiene suscritos convenios con distintos colegios profesionales (en la actualidad, 16) en virtud de los cuales los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y las mancomunidades pueden contar con el trabajo cualificado de técnicos (arquitectos, ingenieros y graduados sociales) por periodos de entre dos y cuatro horas semanales, por un importe pactado previamente entre los correspondientes colegios y la institución provincial, que subvenciona el 80% de su coste. La relación que se establece entre los ayuntamientos y los técnicos es de naturaleza administrativa, y está formalizada en un contrato mercantil.
Esto es precisamente lo que la Inspección de Trabajo pone ahora en cuestión, pues considera que dichos profesionales, que cotizan como autónomos y prestan al tiempo sus servicios a otras entidades, empresas y particulares, deberían haber estado incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, con la única excepción de los graduados sociales. En línea con esto, reclama a los ayuntamientos el pago de las tasas de la Seguridad Social de los últimos cuatro años y les insta a incorporarlos a su plantilla de trabajadores, lo que conllevaría un gasto que la mayoría de los municipios no puede afrontar.
Este mismo mes de julio se ha puesto en marcha el levantamiento de actas en las 186 entidades locales implicadas en un proceso que la administración estatal ha iniciado con carácter general en toda la provincia de Valencia, aunque no en otras provincias, tal como recuerda el propio presidente de la Diputación en su misiva al secretario de Estado de la Seguridad Social: “Esta misma colaboración –escribe en referencia a la realizada entre Diputación, colegios profesionales y ayuntamientos– se realiza también desde la Diputación de Castellón y en los mismos términos sin que la Inspección haya cuestionado el régimen aplicable”.
Jorge Rodríguez recuerda, además, las dos únicas sentencias judiciales existentes sobre esta materia, dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en referencia a sendos procesos contra los ayuntamientos de Caudete de las Fuentes y Fuenterrobles, en las que “se dio la razón al criterio seguido por la Diputación de Valencia, en contra de lo pretendido por la Inspección de Trabajo en su momento, sin que –añade la carta– se haya producido ninguna modificación legislativa al respecto”.
Para el gobierno provincial es importante seguir insistiendo en la vía del diálogo entre administraciones, y se confía en que la reunión “urgente” solicitada ahora al secretario de Estado aporte más soluciones que la mantenida recientemente con el subdelegado del Gobierno en la Comunidad, pues, tal como ha recordado la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García, “únicamente nos emplazaron ‘a seguir hablando’”.
Reunión con los alcaldes y alcaldesas
El inicio del levantamiento de actas ha provocado que empiecen a llegar a los ayuntamientos las primeras reclamaciones económicas, que van desde los 20.000 hasta los 40.000 euros, unas cifras que resultan prácticamente imposibles de asumir para estos pequeños municipios. Ante esta situación el presidente de la Diputación y la diputada de Asesoramiento Municipal han convocado a los alcaldes y alcaldesas afectados el próximo jueves, en la sede de la institución provincial, para explicarles “cara a cara” las gestiones que se están llevando a cabo desde la Corporación provincial y coordinar actuaciones.
“Estamos ante un proceso largo y complejo –ha explicado Conxa García–, pero a pesar de ello, los ayuntamientos no es necesario que realicen ningún trámite de forma independiente, porque son los servicios jurídicos de la Diputación los que están asumiendo y centralizando todas las gestiones y, en el caso de que finalmente hubiera que iniciar un proceso judicial, también estarían cubiertos, a través del servicio de Defensa en Juicio”. Por el momento, la institución provincial ya ha elaborado el documento de alegaciones al proceso que presentará en su propio nombre y que servirá también de base para los distintos ayuntamientos y mancomunidades implicadas.
