“Vamos a prestaros todo nuestro apoyo y vamos a estar con vosotros y con vosotras hasta el final, defendiéndoos, asesorándoos y haciendo todo lo que esté en nuestras manos, porque estamos convencidos de que tenemos la razón”. Con estas palabras, el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha querido trasladar un mensaje de “tranquilidad absoluta” a los cerca de 200 alcaldes y alcaldesas de municipios de menos de 5.000 habitantes a los que la Inspección de Trabajo está requiriendo el pago de las cuotas de la Seguridad Social desde 2012 hasta 2015, por los técnicos contratados al amparo de los convenios establecidos entre la institución provincial y los colegios profesionales. Unos técnicos que, desde hace 30 años, desempeñan su trabajo para las entidades locales, en ocasiones en varias de ellas de forma simultánea, en virtud de contratos mercantiles y por los que pagan sus correspondientes cuotas de autónomos.
Rodríguez se ha dirigido a los alcaldes en una reunión convocada este jueves en el Salón de Reinas de la Diputación de Valencia, a la que han asistido más de un centenar de ellos y en la que han participado también la diputada de Asesoramiento y Asistencia Municipal, Conxa García, y el jefe del Servicio de Asesoramiento, Enrique Moreno. Este encuentro tenía como objetivo principal explicar a los responsables municipales las actuaciones realizadas desde la Diputación para intentar frenar el procedimiento de la Inspección de Trabajo, así como trasladarles los pasos que, como ayuntamientos, deben seguir para presentar una respuesta coordinada y unánime.
Para ello, el servicio de Asesoramiento Municipal ha diseñado una “hoja de ruta”, que ha sido distribuida a todos los consistorios afectados, en la que se establecen los pasos a seguir una vez se reciban las actas de liquidación, en las que se comunica a los ayuntamientos el importe al que asciende su supuesta deuda con la Seguridad Social. Unas actas que ya se han empezado a remitir y en las que se reclaman cantidades que oscilan hasta el momento entre los 20.000 y los 42.000 euros.
En primer lugar, la diputada de Asesoramiento Municipal ha trasladado a los alcaldes y alcaldesas congregados que no deben pagar todavía ninguna cantidad, pues “esta reclamación no se convertirá en una obligación concreta hasta que no finalice el procedimiento administrativo”, motivo por el cual conviene que presenten las alegaciones correspondientes una vez recibida el acta. En este sentido, Conxa García ha recordado que la Diputación ha remitido un modelo de alegaciones a todos los ayuntamientos para ser utilizado en este caso y les ha advertido de que estén atentos a la recepción del acta, pues es probable que lleguen en muchos casos en pleno mes de agosto, cuando la mayor parte del personal está de vacaciones, y el plazo para responder es únicamente de 15 días.
A partir de aquí, los siguientes pasos a dar dependerán de cuál sea la respuesta por parte de la Inspección de Trabajo. Tal como ha explicado el jefe del Servicio de Asesoramiento Municipal, en el caso de que se desestimen las alegaciones, habrá que presentar un recurso administrativo ante la Tesorería de la Seguridad Social y, de ser éste también desestimado, lo que cabría es presentar una demanda judicial ante la jurisdicción competente. “En ambos casos, seguiría siendo la Diputación de Valencia la que centralizara las acciones y proporcionara a los ayuntamientos los correspondientes modelos de reclamación y, en su caso, proporcionara la asistencia jurídica y letrada necesaria de forma completamente gratuita”, ha comentado Enrique Moreno.
Podría ocurrir, sin embargo, que la Inspección de Trabajo estimara las alegaciones de los ayuntamientos, ya fuera en su petición de archivar el expediente, lo que daría por finalizado el proceso, o bien la petición alternativa que, motivada en la existencia de dos sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de los años 2009 y 2010 en los que, ante casos idénticos, se daba la razón a los ayuntamientos, se abriera un incidente judicial, lo que, según ha indicado Enrique Moreno, “paralizaría el procedimiento administrativo en tanto en cuanto dicho incidente no se resolviera”.
En cualquier caso, la diputada Conxa García ha insistido a los alcaldes y alcaldesas en la importancia de seguir la hoja de ruta diseñada por la Diputación y no desmarcarse de esta vía sin comunicarlo previamente, ya que “la mejor garantía para conseguir un buen resultado es que todos vayamos coordinados”. “Estamos ante un proceso largo y complejo pero, a pesar de ello, los ayuntamientos no es necesario que realicen ningún trámite de forma independiente, porque son los servicios jurídicos de la Diputación los que están asumiendo y centralizando todas las gestiones y, en el caso de que finalmente hubiera que iniciar un proceso judicial, también estarían cubiertos”, ha añadido la diputada provincial.
Antecedentes
Desde hace 30 años, la Diputación de Valencia tiene suscritos convenios con distintos colegios profesionales, 16 en la actualidad, en virtud de los cuales los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y las mancomunidades pueden contar con el trabajo cualificado de técnicos (arquitectos, ingenieros y graduados sociales) por periodos de entre dos y cuatro horas semanales, por un importe pactado previamente entre los correspondientes colegios y la institución provincial, que subvenciona el 80% de su coste. La relación que se establece entre los ayuntamientos y los técnicos es de naturaleza administrativa y está formalizada en un contrato mercantil.
Esto es precisamente lo que la Inspección de Trabajo pone ahora en cuestión, pues considera que dichos profesionales, que cotizan como autónomos y prestan al tiempo sus servicios a otras entidades, empresas y particulares, deberían haber estado incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, con la única excepción de los graduados sociales. En línea con esto, reclama a los ayuntamientos el pago de las tasas de la Seguridad Social de los últimos cuatro años y les insta a incorporarlos a su plantilla de trabajadores, lo que conllevaría un gasto que la mayoría de los municipios no puede afrontar.
Este mismo mes de julio se ha puesto en marcha el levantamiento de actas en las 186 entidades locales implicadas en un proceso que la Administración estatal ha iniciado con carácter general en toda la provincia de Valencia, aunque no en otras provincias, un hecho que ha sido recordado en varias ocasiones tanto por el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, como por la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García. “Esta misma colaboración se realiza también desde la Diputación de Castellón desde hace 20 años y en los mismos términos sin que la Inspección haya cuestionado el régimen aplicable”, han declarado.
Por otra parte, las dos únicas sentencias judiciales existentes sobre esta materia, dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en referencia a sendos procesos contra los ayuntamientos de Caudete de las Fuentes y Fuenterrobles, dieron ya en su día la razón a los consistorios y, por ende, al criterio seguido desde el inicio por la Diputación de Valencia.
Para el gobierno provincial es importante establecer una actuación coordinada entre todos los ayuntamientos y la propia Diputación, además de seguir insistiendo en la vía del diálogo entre administraciones. De hecho, a principios de semana el presidente de la Diputación solicitó por carta una reunión “urgente” al secretario de Estado de la Seguridad Social, con la esperanza de que ésta aportara más soluciones que la mantenida recientemente por la diputada de Asesoramiento Municipal con el subdelegado del Gobierno en la Comunidad y responsables de la Inspección de Trabajo, en la que, según indicó Conxa García, “únicamente nos emplazaron a ‘seguir hablando’”.
