La V Conferencia de Presidencias de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares ha concluido este viernes en València con una declaración conjunta de los responsables provinciales, en la que certifican el compromiso absoluto con los ayuntamientos para ayudarles a recuperar el pulso económico tras la pandemia. Al mismo tiempo, reclaman una revisión del marco competencial y mayor financiación para estos gobiernos intermedios que llevan dos siglos trabajando con el fin de garantizar la mejor calidad de vida en cualquier municipio, sea cual sea su tamaño.
Los representantes provinciales coinciden, por encima de siglas y colores, en la reivindicación del papel capital de los gobiernos intermedios en una modernización de las políticas públicas acorde al siglo XXI. Los hay que van más allá y consideran “insuficiente” la financiación que reciben del Estado “para atender competencias, algunas impropias, y generar oportunidades en el medio rural”. Piden participar en la elaboración de normativas que les afectan tanto como a municipios más poblados y una discriminación positiva en materia fiscal y administrativa, que fomente el arraigo y permita a los pequeños consistorios fijar población y generar riqueza, activando a su vez a los proveedores locales.
El encuentro celebrado en la Sala Alfons el Magnànim de la Beneficència, tres años después de la anterior conferencia, ha coincidido con el bicentenario de muchas de estas instituciones, que siguen cumpliendo una función esencial en el sistema constitucional de descentralización territorial del poder público. La efemérides coincide con un nuevo tiempo en que los gobiernos intermedios buscan ser palanca de cambio en la sociedad del siglo XXI, con una constante voluntad de acercamiento a la ciudadanía, el deseo de modernización y transparencia y la adopción de las mejores tecnologías disponibles para facilitar la vida a las personas.
La eficacia de las diputaciones, cabildos y consejos insulares, entes con una elevada aceptación ciudadana, se puso de manifiesto con la “capacidad de reacción que, desde el primer momento de desconcierto tras la irrupción de la pandemia, demostraron estas instituciones en su intermediación con los ayuntamientos, poniendo más en valor el trascendental papel del Gobierno de España y las comunidades autónomas”, como recordó durante la apertura del encuentro el presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar.
Gaspar destacó la expectación de estas jornadas de trabajo en las que han participado más de una veintena de presidentes y presidentas provinciales, junto a otros representantes de los gobiernos locales intermedios y expertos en política territorial y derecho administrativo. El objetivo de la quinta conferencia, organizada por la corporación valenciana junto a la FEMP y la Fundación Democracia y Gobierno Local, no es otro que seguir avanzando en los mecanismos para garantizar los servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos, vivan en pueblos, pequeñas ciudades o aglomeraciones urbanas.
Las conclusiones
La declaración conjunta emitida por los participantes tras el encuentro comienza con “el compromiso para reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia, a través de la gestión de los fondos europeos incluidos en el Mecanismo de Recuperación”, valorando positivamente la participación de los gobiernos locales en las conferencias sectoriales, donde se ha escuchado su voz para la toma de decisiones. Una segunda conclusión es la de afrontar el reto demográfico con vistas a “una mejor distribución territorial de la población”.
En este punto, todos coinciden en “fomentar y diversificar las actividades productivas, optimizar las infraestructuras y los equipamientos públicos y garantizar los servicios esenciales, sanitarios y educativos, sin descuidar la movilidad y la seguridad”. El objetivo es compartido, si bien cada presidente o presidenta provincial tiene su punto de vista sobre cómo alcanzarlo. La máxima responsable de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, advierte que “la búsqueda de espacios para vivir lejos de los grandes núcleos urbanos, incluso por parte de la juventud, es una gran oportunidad que debemos aprovechar para reequilibrar el territorio, de la mano de una digitalización inteligente que no amplíe la brecha entre ciudadanos y territorios”. Desde Soria, donde temen el colapso estival de algunos municipios, el presidente Benito Serrano espera como agua de mayo la fiscalidad reducida que llega desde Europa y tiene claro que con el presupuesto de su Diputación “solo nos da para repartir miseria”.
La petición de mayor financiación y revisión de las competencias para los entes provinciales es el nexo común del discurso de varios ejecutivos intermedios, caso de Ávila y Lugo, que apuntan que en materia de despoblación y reequilibrio demográfico “se ha dicho todo pero no se ha hecho nada”. En este sentido, otra de las conclusiones de la declaración conjunta pasa por instar a los legisladores a conferirles “competencias propias que permitan poner en marcha políticas diferenciales y servicios intermunicipales”, y para ello los gobiernos locales intermedios “deben gozar de una adecuada capacidad económica, basada en fondos propios libres de condicionalidad”.
Las conclusiones de la quinta conferencia de responsables provinciales se completan con los necesarios avances en transformación digital, cuidando “la profesionalización y capacitación técnica de los empleados públicos y reduciendo la brecha digital sin excluir a las personas”; el “empeño en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”, aprovechando la transformación ecológica para fijar población y generar economías, como apunta la ex consellera Elena Cebrián; y “la cooperación entre sí y con los demás niveles territoriales de gobierno”.
El reto demográfico
Dos temas aparecían señalados en negrita en el programa de esta conferencia de representantes provinciales: el reto demográfico y la gestión de los fondos europeos en referencia a la recuperación postpandémica. Ambos asuntos han sido abordados en la matinal del viernes en sendas mesas de trabajo, con la participación de presidentes y presidentas de estos gobiernos intermedios, cuyas experiencias son de gran valor a la hora de intercambiar propuestas y mecanismos que resulten eficaces en la gestión de los recursos.
La primera de las mesas ha sido presentada por la secretaria autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra la Despoblación de la Generalitat, Elena Cebrián, quien ha introducido el reto demográfico a través de los conceptos de despoblación, envejecimiento y población flotante en determinadas zonas turísticas o de temporalidad laboral. Sobre esta base, ha abogado por reforzar la capacidad financiera de los municipios, como hacen el Consell y las diputaciones de València y Castellón con el Fondo de Cooperación Municipal; y trabajar de forma transversal entre instituciones para eliminar fronteras interiores como la ausencia de servicios básicos o las deficientes comunicaciones.
Elena Cebrián propone “cambiar la mirada hacia lo rural”, tanto por parte de la ciudadanía como especialmente de las políticas públicas. Para ello, reivindica el papel fundamental de las administraciones, que se ha puesto de manifiesto durante la pandemia, y una “inteligencia social” que permita aplicar de manera correcta los fondos y recursos de los que se disponen, caso de los Next Generation.
El presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, insiste en el apunte de Cebrián. “El dinero es importante pero no lo es todo. La ruralidad debe participar en normativas que son determinantes para los pueblos pequeños, como las de vivienda, o en las que pueden beneficiar a nuestras zonas productivas”. En la misma línea se manifiesta el presidente soriano, que advierte del papel que juega el medio rural para hacer frente a problemas como la desertización y la superpoblación. “Nadie vive en un pueblo sin servicios, pero estos pueblos de una provincia con 4,6 habitantes por kilómetro cuadrado, sin contar la capital, son determinantes para proteger una gran reserva forestal”, concluye Benito Serrano.
Más optimista se ha mostrado el presidente de la Diputación de Castellón, José Pascual Martí, quien celebra el cambio de mentalidad que ya no considera un fracaso “quedarse en el pueblo”, y demanda una discriminación positiva tanto en materia fiscal como administrativa. Por su parte, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, también considera “caduco” el modelo de estudiar o ingresar a un familiar en una residencia de la capital, y defiende el empleo juvenil y femenino, caso del que genera su corporación con una red de residencias de la tercera edad en municipios del entorno rural.
El presidente alicantino, Carlos Mazón, ha roto una lanza por las diputaciones, “el primer instrumento contra la despoblación”, y ha apostado por la promoción del turismo de interior y el cuidado de los caminos, las farmacias y las oficinas de gestión en el medio rural, discrepando de un Fondo de Cooperación Municipal, vigente en la Comunitat, que “ni es fondo ni es de cooperación”.
Gestión de los fondos europeos
De la importancia de la transformación digital en la gestión de los fondos europeos ha hablado el catedrático de Geografía Humana de la Universitat Joan Romero, quien ha calificado como “hecho histórico” la aparición de los 70.000 millones de euros que la UE pone a disposición de España a través de los fondos Next Generation. Considera Romero que el desafío es que las distintas administraciones “sean capaces de gestionarlos bien, para lo cual resulta imprescindible la coordinación entre Gobierno, autonomías, diputaciones y ayuntamientos”.
El ex conseller de Educación afirma que el contexto en el que llegan estos fondos tiende a la confusión, con instituciones que tienen una concepción muy vertical y estanca”, y reclama un papel más relevante de los gobiernos locales y las diputaciones, acompañado de “una visión estratégica para lograr que los fondos supongan una transformación real en nuestro país”.
De la trascendencia de estos fondos y la importancia de la transformación digital han hablado también los responsables de los ejecutivos intermedios. El presidente albaceteño, Santiago Cabañero, propone que los gobiernos de proximidad “acompañen a los sectores de la población que no se van a digitalizar para evitar la brecha”. Desde Zamora, José María Barrios alerta de que un 30% de municipios de su provincia no tiene internet, y muchos de ellos ni siquiera cobertura móvil. Una realidad que comparte Burgos, donde su presidente provincial, César Rico, pone el foco en “la potenciación de la conectividad como herramienta para completar la necesaria digitalización”.
En términos más generales se han pronunciado otros presidentes y presidentas provinciales, caso de Manuel Baltar (Ourense), quien asegura que “los gobiernos provinciales contrarrestan el centralismo y deben buscar sinergias entre ellos”; Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, quien apela a la responsabilidad de los gestores locales frente a cambios vertiginosos, caso de la transformación ecológica; Catalina Cladera, responsable del Consell Insular de Mallorca, quien ha expuesto la problemática de un territorio más próximo a la superpoblación que a la España vaciada, con dificultades para garantizar los servicios a toda la ciudadanía; y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, quien ha calificado la conferencia como “un banco de buenas prácticas”.
