La presidenta del Consorcio de Bomberos y vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha recibido hoy viernes en el Salón de Plenos de la corporación, a los miembros del equipo de bomberos de Gandia, que se proclamó ganador del último ENRAT (Encuentro Nacional de Rescates en Accidentes de Tráfico), celebrado en Lanzarote los días 8, 9 y 10 de junio.

El equipo de Gandia del Consorcio Provincial de Bomberos logró un gran resultado en la edición de 2022, obteniendo un total de seis premios, entre ellos la primera plaza de la general que otorga la clasificación al Mundial de Luxemburgo del próximo mes de septiembre. El resto de galardones fueron los primeros premios al mando, al sanitario, a la maniobra estándar y a la maniobra rápida, así como el segundo premio al equipo técnico. En las pruebas se valoraba sobre todo la rapidez y eficacia de los equipos en materia de excarcelaciones en accidentes de tráfico.

Maria Josep Amigó ha querido felicitar a las galardonadas y galardonados y ha destacado que “este resultado lo que demuestra es que nuestros bomberos tienen la mejor capacidad de respuesta para actuar en caso de accidente, y esto es lo más importante”.

La Junta General de Egevasa, entidad mixta con mayoría de representación pública, nombra al economista Eloy Hidalgo como gerente tras un proceso de selección llevado a cabo por una empresa externa que ha primado los principios de mérito y capacidad. Hidalgo es gerente de la Empresa Pública de Desarrollo Municipal de Altea y profesor asociado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Alicante.

Egevasa, participada en un 51% por la Diputació de València y en un 49% por Global Omnium, inició el pasado año un proceso de selección para el nombramiento del nuevo gerente tras la salida, a finales de 2020, de Miguel Ángel Ferri, cesado por la Junta General después de tres años en el cargo ante la falta de confianza del Consejo de Administración que encabeza el vicepresidente de la Diputació Rafa García, que pretende dar un nuevo impulso a la entidad.

La designación del nuevo gerente busca dotar de mayor control y eficiencia la gestión de la empresa mixta tras varios meses de interinidad. Este viernes se convoca el Consejo de Egevasa para dar cuenta del nombramiento de Hidalgo, que asumirá una gerencia de la que se ha venido encargando de forma provisional Gloria Fayos, cuyo perfil técnico fue avalado por Global Omnium, la firma privada que cuenta con el 49% de las acciones de Egevasa.

Ciclo del agua en los municipios

La empresa General Valenciana del Agua S.A. (EGEVASA) fue fundada en 1988 por la Diputació de València para dar soluciones a los problemas relacionados con el Ciclo Hidráulico que sufrían los municipios valencianos. Actualmente es una empresa mixta de la Diputació y Global Omnium con mayoría de la corporación provincial, que gestiona el funcionamiento de más de un centenar de depuradoras públicas en otros tantos municipios valencianos.

El fin último de Egevasa es garantizar a todos los municipios con los que trabaja una buena gestión hidráulica y aprovechar los recursos disponibles para conducirlos hasta el ciudadano ofreciendo un servicio de calidad. La empresa ofrece un servicio de atención telefónica 24 horas para cualquier avería o emergencia que se produzca en la red, y permite que la gran mayoría de las gestiones propias de la relación de los abonados con la empresa puedan hacerse a través de Internet.

La Diputació de València cederá al Ayuntamiento de Estivella la explanada de la Fonda de Barraix para celebrar el centenario de la Ermita, patrimonio de la corporación provincial al igual que la antigua masía. Así lo acordaron el diputado de Administración General, Andreu Salom, y el alcalde de Estivella, Rafael Mateu, durante la reciente visita que ambos realizaron al entorno de la fonda y la ermita, acompañados por el cronista oficial del municipio, Lluís Mesa.

La Diputación se encargará de adecuar y balizar el espacio exterior del inmueble, ubicado a los pies de la ermita y de la Calderona, mientras que el Ayuntamiento organizará y llevará a cabo los actos programados para el próximo 2 de agosto, con motivo del centenario de la construcción de la ermita, lugar de culto tanto para los fieles como para los excursionistas que se adentran en la montaña con destino al Garbí, Beselga o la propia Font de Barraix.

La Ermita de Barraix, construida en 1922, fue restaurada por la Diputación entre finales de 2016 y principios de 2017. La actuación, que permitió acabar con la inclinación del inmueble, sustituir la cubierta, renovar la puerta de acceso, recuperar las paredes originales interiores y la decoración de la mesa del altar y habilitar una senda que mejora el acceso, sirvió para dignificar la memoria de los miles de excursionistas que transitan por la zona.

El Centro Cultural La Beneficència recibió la semana pasada la visita de Cecilia Ridaura, una valenciana exiliada en México junto a su familia tras la Guerra Civil Española, que ahora quiere reencontrarse con sus orígenes visitando ciudades como Valencia y Xàtiva acompañada por su marido mexicano, Eduardo López.

El diputado de Cultura, Xavier Rius, fue el encargado de recibir a Cecilia y Eduardo en el centro museístico de la Diputació de València, donde acompañados por el conservador del ETNO, Joan Seguí, pudieron conocer algunas salas donde también se trata el papel de las migraciones en el contexto valenciano.

Para el diputado Rius, “Cecilia personifica el reencuentro emocional con nuestro pasado y con una historia reciente que todavía no se ha terminado de escribir”.

Familias enteras exiliadas

La década de los 30 del siglo XX mantuvo una gran agitación social y política en España. El golpe de estado del 36 provocó una contienda encarnizada entre los defensores de la democracia establecida y las fuerzas sublevadas. El conflicto provocó inmediatamente una guerra que extendió muy rápido la desolación y el horror. Muchas familias tuvieron que proteger sus hijos de los bombardeos sobre la población civil. A veces la solución más extrema pasaba por un exilio forzado, como el de los niños que marcharon a Rusia, muy lejos de sus padres, o aquellos que fueron acogidos en numerosas colonias valencianas. Para muchas familias otras opciones pasaron también para embarcarse rumbo a América, una vez finalizada la contienda armada.

México fue uno de los pocos países que manifestaron su adhesión a la República Española, y que favorecieron la acogida de numerosas familias que huyeron del conflicto. Se estima que casi 25.000 españoles fueron acogidos entre 1936 y 1942 en el México, entre los que se encontraban el padre y la madre de Cecilia Ridaura, los cuales tuvieron que atravesar en 1939 el paso de Puigcerdá en Pirineos para poco después partir desde el puerto francés de Sete rumbo al país americano presidido por Lázaro Cárdenas. Por entonces, la pequeña Cecilia tenía solo dos años de edad.

A petición del propio presidente Cardenas, la familia Ridaura, médicos de formación, se trasladarían a Tampico, para atender una zona en expansión industrial. Allí se instalaron, y desde allí mantuvieron el contacto con otros grupos de exiliados, entre los cuales se encontraba buena parte de la intelectualidad universitaria, cargos políticos y militares de alta graduación.

Entre los protagonistas de este exilio valenciano en México, había figuras tan reconocidas como Josep Renau, Pere Calders, Max Aub, o el consejero valenciano de Cultura, Francesc Bosch i Morata.

La Diputació de València, en colaboración con el Think Tank Smart Cities, el hub impulsado por AVAESEN (Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energia), ha organizado una Escuela de Tecnologías destinada a ayuntamientos, con el fin de ayudarles en el reto de transformación digital que deben afrontar para no perder competitividad y poder hacer frente al desarrollo de las ayudas para digitalización que van a llegar a través de los fondos Next Generation.

La importancia y protagonismo creciente de la tecnología está provocando un incremento de la brecha digital. Para reducirla, los responsables y técnicos de las administraciones locales deben entender el lenguaje tecnológico y ser capaces de definir los requerimientos de las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos, comprender las propuestas que los proveedores de base tecnológica incluyen en sus ofertas a la administración, y entender el alcance y potencial impacto derivado de las nuevas tecnologías.

El curso, dirigido a alcaldes, concejales, jefes de servicio y técnicos de la administración local, se ha inaugurado hoy y tendrá una segunda sesión el próximo miércoles 22. Se trata de una prueba piloto en la que han participado Alcàsser, Alpuente, Elda, El Verger, Gandia, Manises, Petrés, Quartell, Sagunt, Sueca, Torrent y Villalonga, y que se ampliará al resto de ayuntamientos en los próximos meses.

Para acompañar a los ayuntamientos en la transformación digital, la Escuela de Tecnologías revisará materias como blockchain, inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT), cloud o big data, entre otras, desde un punto de vista práctico y enfocado a la labor que deben acometer los ayuntamientos en su día a día.

El objetivo es ayudar a las administraciones locales a adquirir unos conocimientos globales sobre las principales tecnologías digitales y sus potenciales aplicaciones, de manera que los asistentes, al finalizar, entiendan mejor el lenguaje que utilizan los proveedores tecnológicos, puedan identificar el potencial de un proyecto innovador o propuesta de corte tecnológico,  dispongan de criterio para opinar y preguntar a terceros sobre sus desarrollos, y tengan seguridad y confianza para poder incorporar determinadas tecnologías a la administración local.

A la apertura ha acudido la diputada de Modernización de la Diputació de València y presidenta de GIRSA, Mentxu Balaguer, que ha acompañado al presidente de AVAESEN, Marcos J. Lacruz. Balaguer ha destacado la apuesta de la corporación provincial por impulsar la modernización de los ayuntamientos, sobre todo los de menos de 20.000 habitantes, que en la provincia de Valencia son la mayoría. Para Balaguer, “la clave de esa necesaria modernización pasa por dar herramientas a los ayuntamientos en forma de recursos, acompañamiento y financiación, algo que la Diputación hace a través de diferentes líneas de subvenciones, como la de Smart Cities, que cuenta este año con 2,5 millones de euros”.

Por su parte, Lacruz ha resaltado que estamos a las puertas de una revolución donde se van a dar cambios profundos y acelerados, y necesitamos estar preparados para lo que va a venir. Por eso, desde el Think Tank Smart Cities de AVAESEN, “trabajamos intensamente en acompañar a esos municipios valientes y proactivos que trabajan, como el Think Tank, para mejorar la vida de los ciudadanos”.

Lacruz ha comentado que, a través del Think Tank, que cuenta con un ecosistema de más de 300 actores que trabajan por la smartización de las ciudades, se ha ayudado a acelerar una inversión de 165 millones de euros, y ha recordado que un alto porcentaje de los Fondos Next Generation se implementarán en local y regional, por lo que el papel de los municipios es fundamental.

La Diputació de València tiene en marcha cinco obras de mejora de la seguridad vial en otras tantas carreteras de la red provincial. El área de Infraestructuras ejecuta proyectos en la CV-345 en La Serranía; la CV-450 en Requena-Utiel; la CV-435 en Real y la CV-415 entre Montserrat y Turís, en La Ribera Alta; y la CV-673 en Bellreguard, en el acceso a la playa del municipio de La Safor.

Cuatro comarcas presentan actividad en infraestructuras viarias en este inicio del verano, con actuaciones que contemplan en todos los casos la mejora de la funcionalidad, el drenaje, la repavimentación y la ampliación de plataforma, y en algunos casos la solución a intersecciones peligrosas mediante glorietas y la construcción de arcenes más amplios y trazados ciclopeatonales. El objetivo de todas las obras es “mantener en el mejor estado posible las carreteras que comunican nuestros pueblos y dotarlas de la seguridad necesaria para evitar accidentes en puntos especialmente conflictivos”, explica el responsable provincial del área, Rafa García.

La más avanzada de estas actuaciones es la que se lleva a cabo en la CV-435, que une las localidades de Real y Dos Aguas, en la comarca de La Ribera. Concretamente, el tramo entre el casco urbano de Real y la CV-422, en el término municipal de Montroi. Con un presupuesto de algo más de tres millones de euros, las obras se iniciaron el pasado mes de octubre y la reapertura al tráfico está prevista para antes de final de año. Se trata de una actuación fundamental para mejorar la seguridad de la vía, considerada como Tramo de Concentración de Accidentes (TCA), ya que contaba con una plataforma muy estrecha y un trazado inadecuado, sin arcenes y con el pavimento en mal estado.

Los trabajos están muy avanzados, siendo visible la configuración de la nueva glorieta de acceso a Real y el paseo urbano ciclopeatonal que conecta con el polígono y el polideportivo municipal. Esta conexión es muy importante en una carretera con una cantidad considerable de accesos directos a industrias, explotaciones agrícolas, caminos y núcleos residenciales. También se han repuesto ya los servicios afectados, caso de vallados, red de riego y suministros eléctricos, y han finalizado los trabajos de drenaje transversal.

Otras actuaciones en marcha

A finales de mayo empezaron a trabajar las máquinas en un tramo de tres kilómetros de la CV-415, también en La Ribera. La actuación consiste en ampliar la calzada, mejorar el drenaje y evitar la peligrosidad de la intersección entre la CV-415 y la CV-416, que une Montserrat y Turís. La calzada dispondrá de seis metros de ancho, con dos carriles y arcenes de un metro. Se ha iniciado ya el desbroce de los terrenos disponibles, procediendo a la ejecución de los movimientos de tierra y el drenaje transversal.

Hace unos días comenzaron las obras en la CV-450, entre la aldea de San Antonio y Utiel, en concreto desde la intersección de acceso a la aldea y la rotonda de enlace con la A-3, a la entrada de Utiel. Con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, los trabajos consisten en ampliar la plataforma en algunas zonas, repavimentar y regularizar los peraltes en las curvas, además de renovar la señalización, balizamiento y defensas.

En La Serranía, a principios de año se acometió la adecuación del tramo de la CV-345 comprendido entre el acceso al casco urbano de Titaguas y Campo Abajo, pedanía de Alpuente. La renovación y ampliación de estos cuatro kilómetros de vía da continuidad al proyecto de mejora de la seguridad de toda la carretera. Con una inversión de 1,7 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses, la obra incluye la repavimentación del firme y un ancho de calzada de más de nueve metros. Actualmente, los operarios proceden al relleno de la explanada tras el movimiento de tierras y a los trabajos de drenaje transversal que dan continuidad a las escorrentías de las aguas.

Por último, el área provincial de Carreteras trabaja en la mejora de la funcionalidad de la carretera que conecta Bellreguard con la playa de este municipio de La Safor. Con un presupuesto de 2,6 millones de euros, la obra se inició a comienzos de mayo y permitirá ampliar la plataforma y evitar las habituales inundaciones en un tramo que soporta un tráfico de 10.000 vehículos diarios.

La actuación, que se encuentra en fase de reposición de los servicios afectados, contempla la eliminación de un paso inferior inundable a la altura de la antigua línea de ferrocarril, así como una nueva pasarela para la vía ciclista Gandia-Oliva, en el marco de una ampliación general de la calzada en más de un kilómetro para mejorar la seguridad de la carretera. Los operarios han completado ya la demolición del paso superior y la cimentación del futuro paso de la vía verde.

El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de junio hasta el 19 de julio de 2022.

Más información /es/deporte/content/clubes-deportivos-valencianos

BOP lunes 20 de junio de 2022 (ver anuncio)

Más información en los documentos adjuntos.

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La Diputació impulsa una iniciativa de gobernanza para mejorar el transporte público en el área metropolitana de València, e insta a la Generalitat a dotar de base legal la creación de un organismo supramunicipal que permita la cogobernanza entre municipios y ciudades con el fin de garantizar la mejor gestión posible de servicios básicos como la vivienda, la seguridad, el agua o los residuos, sin que se prime a unos municipios en detrimento de otros.

La propuesta del PSPV y Compromís ha salido adelante en el pleno de junio con los votos del equipo de gobierno provincial, tras un intenso debate en el que se comenzó tratando la moción presentada por el grupo popular sobre la implantación justa del transporte en L’Horta. La votación definitiva apuesta por una iniciativa que va más allá de la movilidad y que será trasladada al Consell, la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia, Les Corts y los ayuntamientos afectados, solicitando un nuevo marco jurídico que canalice las necesidades de las áreas metropolitanas en transporte y otros servicios bajo criterios de sostenibilidad medioambiental, social y económica.

En opinión del diputado socialista y concejal en el Ayuntamiento de Torrent, Andrés Campos, “es necesaria una verdadera política metropolitana que genere oportunidades en movilidad, infraestructuras, transporte, empleo, innovación y desarrollo empresarial, y para ello proponemos derribar muros, unir personas y cohesionar nuestro territorio con una nueva gobernanza para una metrópoli resiliente, próspera y coordinada, en la que todos los ayuntamientos participen en la toma de decisiones y no se sientan discriminados”.

Campos ha apelado a la “generosidad, cesión de competencias y un marco regulador claro para alcanzar acuerdos en la mejora de los servicios metropolitanos”, al tiempo que invita a “dejar atrás la visión monolítica de que las carencias metropolitanas son un problema de ciudad” y propone solucionar “problemas estructurales” como el del transporte entre la ciudad y los municipios y entre los propios municipios “con la participación de los afectados, definiendo antes el ámbito territorial de lo que es el área metropolitana y sus competencias”.

El popular Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar, ha defendido una moción que reclama “una mejor coordinación entre los alcaldes y la Autoridad de Transporte Metropolitano, uno de los siete organismos existentes en materia de transporte público, pese a lo cual no nos aclaramos”. El PP, al igual que Ciudadanos y Vox, que han votado a favor de la propuesta popular y en contra de la del equipo de gobierno, no son partidarios de crear un nuevo ente supramunicipal e insisten en que “se dé voz a los alcaldes en los organismos existentes”.

Puntos de encuentro

En lo que coinciden todos los grupos con representación en la cámara provincial es en el crecimiento exponencial del área metropolitana, la necesaria implicación de todas las administraciones y la conveniencia de encontrar soluciones coordinadas entre los municipios, más de un centenar si se tiene en cuenta la segunda corona metropolitana con cerca de dos millones de habitantes. Las diferencias aparecen en la forma de llevar a cabo la redifinición de área metropolitana.

Mientras el equipo de gobierno propone que la legislación ampare “un nuevo órgano garantista y efectivo, que va más allá de la Autoridad de Transporte Metropolitano y tiene muy en cuenta la movilidad sostenible”, según explica la diputada de Compromís, Dolors Gimeno, Adsuara (PP) lamenta “la caída de usuarios del transporte público y el incremento de coches de segunda mano, más contaminantes, para moverse por las áreas metropolitanas ante las deficiencias del transporte público y la falta de criterios claros a la hora de ejecutar los proyectos que proponen los ayuntamientos”.

En la misma línea, la portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil, ha cuestionado la eficiencia de “una EMT que no da el servicio que merecen los valencianos y es una entidad claramente deficitaria”, frente a la cual propone “dotar de los recursos necesarios a la Autoridad de Transporte Metropolitano sin necesidad de crear un ente nuevo”.

El socialista Andrés Campos insiste en que “no es cuestión de analizar las líneas en marcha y ver a quienes benefician o perjudican, sino de redefinir el ámbito competencial y aprovechar la llegada de los fondos Next Generation para promover la creación de un órgano que, por encima de colores políticos y con la participación de todos, busca dar respuesta a las necesidades de toda la ciudadanía”.

El pleno de junio en la Diputación, que se inició con el habitual grito de rabia del presidente Gaspar contra los asesinos de mujeres, de las 19 víctimas mortales por violencia de género registradas en lo que llevamos de año, ha contado con la aprobación del segundo Plan de Igualdad de la corporación, entre otros asuntos.