La Diputació de València ha aprobado en el pleno de diciembre, en vísperas navideñas, un Presupuesto para 2018 que la sitúa como una de las instituciones más estables del momento, tanto a nivel político como económico. Este presupuesto alcanza los 473 millones de euros, un 9% más que en el anterior ejercicio, y combina el incremento de las transferencias directas a los ayuntamientos, que recibirán 25 de cada 100 euros de los presupuestos provinciales, con la reducción progresiva de la deuda, que al cierre de 2017 se sitúa en un 35% sobre los ingresos y que el próximo año se prevé que esté en el 30%, muy lejos del límite del 75% que fija el Estado.
En palabras del presidente, Jorge Rodríguez, “estos presupuestos consolidan un modelo de gestión en el que priorizamos los servicios sociales y mostramos una clara visión municipalista, confiando en el criterio de alcaldes y alcaldesas a la hora de decidir las inversiones que necesitan sus municipios”. Rodríguez ha explicado que “ese incremento de la autonomía municipal conlleva una mayor inversión para los ayuntamientos y también una mayor responsabilidad para quienes los dirigen, ya que tienen que saber organizarse con el dinero del que van a disponer, que les llega con ayudas basadas en criterios objetivos y no mediante convenios que se acababan concediendo de forma discrecional”.
Para el presidente, “con estos presupuestos volvemos a cuadrar el círculo, porque aumentamos la inversión propia, incrementamos las transferencias directas a los ayuntamientos, conseguimos ser más eficientes y además rebajamos la deuda”. En este sentido, “la reducción progresiva de la deuda de la Diputació es consecuencia de una gestión prudente alejada del clientelismo y las fanfarronadas”, ha añadido Rodríguez.
En la misma línea se ha expresado la vicepresidenta, Mª Josep Amigó, que ha celebrado “el final de los convenios singulares con los que en otra época se solía premiar a los ayuntamientos amigos”. Amigó ha coincidido con el presidente en la firmeza y solidez del ejecutivo provincial y ha calificado el nuevo presupuesto como “justo”. La vicepresidenta ha representado de forma gráfica el final de las ayudas discrecionales: “en 2014 el gobierno del PP repartió 34,4 millones de euros en ayudas no regladas y 23,6 millones en ayudas regladas; en 2017, este gobierno ha repartido 83,9 millones en ayudas regladas y 4 millones en no regladas; en 2018 ya no habrán convenios singulares para inversiones municipales”.
El presidente de la Diputació ha insistido en la “confianza” que ha generado entre el municipalismo una corporación que “ha dejado de dar vergüenza a los ciudadanos superando la parálisis provocada por la corrupción”. En opinión de Jorge Rodríguez, “ésta es una institución moderna que hemos puesto en marcha a base de buenas noticias, agilizando la tramitación de las ayudas y buscando en todo momento la estabilidad política y económica”. “Los municipios comienzan el año sabiendo el dinero del que disponen y el que recibirán a lo largo del curso, lo que les permite organizarse y decidir los gastos en el horizonte de los próximos dos años”, ha detallado el presidente.
Para la vicepresidenta, “éste es un presupuesto concebido para unir esfuerzos entre administraciones y eliminar las desigualdades entre pueblos y ciudades”. En primer lugar, Amigó ha avanzado: “Seguiremos colaborando con la Generalitat, buscando cooperación y sinergias para mejorar la calidad de vida de más personas”. En cuanto a la igualdad entre municipios, “los servicios serán los mismos con independencia del tamaño y la localización de cada pueblo”.
Mª Josep Amigó ha hecho referencia también al apartado social de un presupuesto “hecho para rescatar personas”, y en este ámbito ha repasado algunas de las inversiones previstas, como las “actuaciones en 10 comarcas diferentes para crear 500 plazas públicas en residencias y centros de día”, los 7 millones de euros para el mantenimiento de colegios o un plan SOM “que tiene más recursos que nunca”.
Ejecución presupuestaria y deuda
En cuanto a la materialización del presupuesto de 2017, Jorge Rodríguez ha señalado que “al término del presente ejercicio se prevé un nivel de ejecución presupuestaria en el entorno del 75%, lo que superaría la liquidación de 2016, con un 72,5%, y también la de 2015, que fue del 68,3%”. Las cuentas provinciales prevén además un anticipo, aprobado en el pleno anterior, que ronda los 50 millones de euros para los ayuntamientos, correspondiente al 70% del Plan de Inversiones Sostenibles, el SOM y el Plan de Caminos y Viales, tres programas con una dotación global de 67 millones de euros.
El máximo responsable de la corporación provincial ha hecho referencia también a la deuda, que sigue reduciéndose de forma progresiva pese al incremento de las transferencias directas a los ayuntamientos, que han pasado de un 23% a un 67% en el capítulo inversor del presupuesto de la Diputació. En este apartado, la deuda de la institución era de 384 millones de euros en 2013, mientras que hoy es menos de la mitad, 162 millones de euros. “El nivel de deuda sobre los ingresos es del 35%, muy lejos del límite estatal del 75%, y la intención es seguir reduciéndola hasta llegar en 2018 al 30%”, ha añadido Rodríguez.
El presidente ha destacado el trabajo del área de Hacienda que dirige Toni Gaspar, que se pone de manifiesto en datos concretos como la reducción de los intereses de la deuda, un apartado que al cierre de 2014 llevó a la Diputació a pagar cerca de 3 millones de euros, y que este año no alcanzará el millón de euros, con unos intereses de 880.000 euros a fecha 1 de diciembre.
Servicios sociales y transparencia
En un presupuesto ya consolidado, continuista en las principales partidas del pasado curso, como los 20,6 millones de euros para el Fons de Cooperació Municipal junto a la Generalitat o los 12,6 millones para mejora de colegios y construcción de centros de día en las comarcas valencianas, uno de los principales incrementos vuelve a producirse en materia social, con un incremento de alrededor de 3 millones de euros para servicios básicos.
De ello habló la diputada Rosa Pérez Garijo, portavoz de Esquerra Unida, que tras aplaudir “la igualdad de condiciones y concurrencia para todos los pueblos y la eliminación de convenios y planes teledirigidos”, comparó las cifras de inversión de la pasada y la presente legislatura para presentar el modelo del actual equipo de gobierno: “el presupuesto que se destinaba a Inclusión Social no llegaba a los 4 millones de euros, una cifra que se ha triplicado este año con una inversión de 12 millones de euros que pone en valor la justicia social”.
La diputada de Inclusión Social ha destacado también “el significativo aumento presupuestario para el Centro Ocupacional, que ha pasado a formar parte de la Red de Dependencia de la Conselleria”, y ha indicado igualmente el aumento presupuestario en Teatros y Memoria Histórica, áreas que también dirige Rosa Pérez Garijo.
Por su parte, el diputado de Transparencia y portavoz de València en Comú, Roberto Jaramillo, ha mostrado su satisfacción con el trabajo conjunto de “un gobierno plural que pone a las personas en primer lugar y cada vez da más dinero a los ayuntamientos para que lo utilicen como consideren oportuno, con ayudas cada vez más transparentes que se basan en criterios objetivos”.
En el apartado de Gobierno Abierto, Jaramillo ha trazado la hoja de ruta de los próximos meses, que pasa por “ayudar a los ayuntamientos a resolver los problemas con los que se encuentran, con un aumento de los recursos económicos y el refuerzo de la alianza estratégica con las universidades públicas valencianas”.
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