La Diputación de Valencia sigue recibiendo solicitudes de ayuntamientos y entes comarcales para encargarse de la gestión, la recaudación voluntaria y la ejecutiva de tasas e impuestos, a través de un Servicio de Gestión Tributaria (SGT) por el que en la actualidad pasan 3 millones de recibos anuales y que mueve un volumen económico de alrededor de 360 millones de euros.
El SGT de la Diputación, que se encuentra preparado para formar parte de la futura Agencia Tributaria Valenciana, trabaja con 202 ayuntamientos, 60 comunidades de regantes, 4 consorcios y 5 mancomunidades, además de la EPSAR y el Consorcio Provincial de Bomberos, a los que ofrece la gestión e inspección de distintas tasas y tributos, así como la recaudación voluntaria y ejecutiva del IBI, el IAE, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, la tasa de Tratamiento de Residuos Urbanos o el cobro de multas de tráfico, entre otros ingresos municipales.
El crecimiento del SGT se aprecia claramente comparando los datos del período 2008-2016, en el que además de triplicar la recaudación en concepto de tasas e impuestos gestionados desde la Corporación provincial, se ha pasado de 200 a 274 instituciones que a día de hoy tienen delegado este servicio –con la gestión y el cobro de una o varias tasas- a la Diputación. El SGT, por su parte, ha pasado de 130 a 147 trabajadores, distribuidos en su sede central y las oficinas comarcales.
También los datos del pasado ejercicio y lo que llevamos del actual demuestran que cada vez son más los entes locales y comarcales que confían su gestión tributaria, en parte o en su totalidad, a la Diputación de Valencia, a través del área de Hacienda que dirige Toni Gaspar. En 2016, el Ayuntamiento de Alboraya, la Comunidad de Regantes Alts Regs de Villanueva de Castellón y la Mancomunidad del Camp de Turia solicitaron adherirse al servicio prestado por la Corporación, mientras que Buñol, la Pobla Llarga, Massalfassar, Casas Bajas, Casas Altas, Vallanca y Cortes de Pallás ampliaron sus solicitudes.
En este primer trimestre de 2017, las nuevas solicitudes han llegado de los ayuntamientos de Benisanó, Carcaixent y Alzira y de la comunidad de regantes ‘Sociedad Pou de Maimona’, mientras que Quatretonda, la Puebla de San Miguel, Piles y Riola han pedido una ampliación del servicio. El pleno del mes de abril ha aprobado la petición de Alzira para la recaudación ejecutiva de multas de tráfico y sanciones por infracciones de las ordenanzas municipales; la de Piles para la recaudación ejecutiva del IAE; la de Riola sobre la gestión de otros ingresos de derecho público y la de ‘Sociedad Pou de Maimona’ para hacerse cargo de la recaudación ejecutiva de las deudas de sus comuneros.
Listos para la Agencia Tributaria única
El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, valora muy positivamente este crecimiento del SGT, no solo porque “demuestra que estamos preparados para la llegada de esa agencia única pilotada por las tres diputaciones”, sino porque “mejora los servicios a la ciudadanía, ya que si pagamos todos, pagaremos menos”, ha añadido el presidente.
Rodríguez ha incidido en la “necesidad de ser eficaces y hacer más con menos”, lo que se refleja en una reducción de los costes y una mejora del servicio que se presta a los municipios. “El fin último es dar el mejor servicio a las personas”, ha concluido el máximo responsable de la institución provincial, que destaca la reciente reestructuración del SGT, consensuada con todos los sindicatos.
En palabras del diputado de Hacienda, Toni Gaspar, en esta reestructuración “se ha tratado de racionalizar y profesionalizar un servicio que atiende las necesidades de los ayuntamientos, cuyas delegaciones han aumentado de forma considerable, al tiempo que damos un paso más hacia la agencia tributaria única que pretende la Generalitat”.
La reorganización del servicio y la implantación de nuevos medios técnicos van a permitir la modernización no solo del SGT sino también de los municipios, ya que se va a conseguir acercar el servicio a los ayuntamientos, en particular a los más pequeños. El nuevo modelo de gestión permitirá también aproximar más los servicios a los ciudadanos, a través de una mayor descentralización de las oficinas territoriales, ofreciendo una mayor rapidez de atención y respuesta a los contribuyentes.
La intención, según ha explicado Toni Gaspar, es “no solo ser una administración tributaria que se preocupa de los ingresos de los ayuntamientos, sino también de facilitar a los ciudadanos de los municipios el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.
