La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, llevará al pleno de abril (martes 15, 11.00 h) una propuesta para suspender los plazos de ejecución y justificación del Plan de Inversiones 2022-23 a causa de la dana. De esta forma, se prevé aprobar una suspensión extraordinaria del plazo de ejecución de las obras incluidas en el plan, que pasará del 12 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2026. La intención de esta medida, en la que coinciden el presidente, Vicent Mompó, y la vicepresidenta Enguix, responsable de Cooperación, es “prorrogar el último plan de la anterior legislatura, que aún tiene 70 millones de euros pendientes de adjudicar o certificar, para facilitar los procesos a los ayuntamientos y que no tengan que renunciar a un solo euro de las ayudas”.
El estado de ejecución del último plan inversor puesto en marcha por el anterior gobierno provincial se explica en cifras: sobre la mesa hay un total de 1.008 proyectos en adjudicación o a falta de justificación, que se traducen en 70.784.725 euros que no han podido ingresar los ayuntamientos que presentaron estas actuaciones en el marco del Plan de Inversiones 2022-23. “El nivel de ejecución era bajo antes de llegar la dana, con más de la mitad del plan sin adjudicar o justificar”, afirma Natàlia Enguix, quien explica que “el problema se acrecentó con los devastadores efectos de la riada, tanto en los municipios afectados con daños en infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, como en los no afectados, por falta de empresas a las que adjudicar las obras o por el encarecimiento de las materias primas y los costes de ejecución”.
El plan 22-23, con un total de 148,8 millones de euros en proyectos aprobados y algo más de 123 millones de euros como importe finalmente adjudicado, registra a fecha de hoy 55.350.545 euros abonados por parte de la Diputación por obras finalizadas, mientras que las actuaciones en proceso de documentación y adjudicación superan los 31 millones de euros y las no certificadas suman 39 millones, con 558 proyectos incompletos que van desde los 148 euros que aún debe certificar Alboraya por la ejecución de la segunda fase de las piscinas municipales, hasta el 1.365.000 euros que debe certificar Picassent por la reurbanización de las calles Jaume I y Calvari.
450 proyectos en 163 municipios
Del millar de proyectos pendientes del Plan de Inversiones 22-23, un total de 450 se encuentran aún en fase de documentación o adjudicación. De ellos, 429 corresponden a 163 ayuntamientos de las 15 comarcas valencianas y 21 a 11 mancomunidades de la provincia. “Con estas cifras, lo más sensato es suspender el plazo de ejecución y el de justificación y dar un margen de más de un año a los entes locales para que puedan completar los procesos y reciban el dinero aprobado por la Diputación para esos proyectos”, apunta Enguix, quien apuesta por “ofrecer todas las facilidades a los municipios para que las ayudas se traduzcan en mejoras para sus vecinas y vecinos, y no en el anuncio de una lluvia de millones sin preocuparse de que el dinero llegue a su destino, que son nuestras comarcas”.
En la misma línea, el presidente Mompó destaca “la proximidad con los alcaldes y alcaldesas por la que apostamos desde el primer minuto de la legislatura, con la intención de conocer sus necesidades y ayudarles en todo lo posible”. Para ello, “el área de Cooperación que coordina la vicepresidenta Enguix ha puesto en marcha un Pla Obert que elimina plazos y presión para los ayuntamientos, en el que llevamos cerca de 400 proyectos aprobados y 60 millones invertidos, más otros 100 millones que están presupuestados este año para atender las solicitudes de los municipios en cualquier momento”.
La propia Natàlia Enguix incide en el carácter cuatrienal del Pla Obert como “uno de los grandes aciertos del nuevo programa inversor, que flexibiliza los procesos y permite a los municipios hacer frente a necesidades sobrevenidas, como fue la pandemia hace unos años y ahora ha sido la dana”. “La cuestión de los plazos era una de las cosas que hemos corregido de anteriores planes, ya que generaban problemas a los ayuntamientos a la hora de adjudicar y ejecutar las obras, teniendo que recurrir a prórrogas cuando no a renunciar a las ayudas”, añade Enguix.
La eliminación de plazos en el principal programa inversor de la Diputación no ha sido la única medida adoptada por el equipo de gobierno que encabezan Mompó y Enguix. El presidente destaca igualmente los cambios en la estructura interna impulsados recientemente para reforzar la asistencia técnica, en especial a los municipios afectados por la dana, departamento que pasa a coordinar el diputado Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, quien a su vez cede el área de Personal a la vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari.
Afectados por la dana
Entre los municipios afectados por la dana, destacan los seis proyectos sin ejecutar del Plan de Inversiones 22-23 en Utiel, con un presupuesto global aprobado de 740.000 euros, seguido de Carlet con 600.000 euros pendientes de la ejecución de tres proyectos. Otros ayuntamientos con grave afectación a causa de la riada son Chiva, que tiene en adjudicación los trabajos de renovación del suelo y el mobiliario urbano de los parques infantiles (580.000 euros); Sedaví, que tiene en el aire cinco proyectos por un total de 520.000 euros; Alaquàs, con tres proyectos en proceso de adjudicación que superan los 560.000 euros; y Albal, con dos proyectos pendientes, uno de ellos la reurbanización de las calles del Ensanche con un coste de 457.000 euros.
También tienen subvenciones pendientes de adjudicación Aldaia, con dos proyectos y 360.000 euros a cuenta del Plan de Inversiones 22-23; Alginet, con cuatro actuaciones y 280.000 euros; y Benetússer, que aún no ha podido ejecutar la reurbanización de la calle Nuestra Señora del Socorro y el reasfaltado de la calle Senyera (180.000 euros).
Por comarcas, la Ribera Alta (51) y l’Horta Nord (50) son las que más proyectos tienen del plan 22-23 en proceso de documentación y adjudicación, seguidas de cerca por la Serranía (46) y la Vall d’Albaida (43). En el extremo opuesto, la Canal de Navarrés solo tiene cuatro actuaciones por concretar y el Valle de Ayora-Cofrentes cinco. Por municipios, Villar del Arzobispo (10) es el que presenta más obras sin adjudicar, por las nueve actuaciones pendientes en Requena, las ocho de la Pobla de Vallbona, Aras de los Olmos y la Puebla de San Miguel y las siete de Foios.
Entre los entes comarcales e intercomarcales, los 21 proyectos que no se han finalizado pertenecen a la Mancomunidad Camp de Túria (5); la Mancomunitat Albalat-Polinyà (3) y la de la Vall d’Albaida (3); la Mancomunitat Ribera Alta (2) y la Mancomunidad de la Serranía (2); y una actuación pendiente aprobada en su día a las mancomunidades de la Baronía, la Costera-Canal, El Tejo, Tierra del Vino, Alcàntera y l’Horta Nord.
Proyectos y modificaciones
Entre las obras y suministros sin ejecutar encontramos actuaciones urbanísticas, adecuación de instalaciones públicas para distintos usos, renovación y ampliación de zonas verdes e instalaciones deportivas, arreglo de caminos, equipamiento, mejoras en la eficiencia energética de los servicios, etc. Proyectos de todo tipo que no han llegado a concretarse por problemas con los plazos, por el encarecimiento de los costes de ejecución o por la dificultad para encontrar proveedores y empresas cualificadas disponibles, entre otros motivos.
En respuesta a esta situación, el área de Cooperación Municipal que coordina Natàlia Enguix está concediendo todas las facilidades a los ayuntamientos para que puedan ejecutar las actuaciones pendientes y no pierdan las subvenciones aprobadas en el marco de los anteriores planes de inversión. “La prórroga del plan 22-23 es la última medida que hemos tomado para que los municipios dispongan de más tiempo para terminar los procesos y no tener que renunciar a las ayudas”, apunta Enguix, “pero no es la única, ya que en estos últimos meses, en paralelo al desarrollo del nuevo Pla Obert, hemos dado luz verde al cambio de proyectos que ya no eran prioritarios o con sobrecostes para los ayuntamientos por otros más necesarios y que se van a poder materializar”.
En la misma línea de contribuir a la mayor ejecución posible del último plan del anterior equipo de gobierno, Cooperación está aprobando decretos como el de Sueca, que permite destinar a una nueva obra, en este caso la habilitación del antiguo edificio de Correos para Servicios Sociales, los remanentes del plan 22-23 que resultan de los proyectos no ejecutados y de las diferencias en el coste definitivo de adjudicación de los trabajos.
