La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, llevará al pleno provincial de la próxima semana una propuesta de ampliación del listado de municipios afectados por la dana que podrán invertir todo el Pla Obert d’Inversions en la reconstrucción.

El pleno celebrado el pasado 4 de diciembre acordó modificar las bases del Pla Obert, el principal programa inversor de la corporación con 350 millones de euros a cuatro años, para facilitar las cosas a los ayuntamientos que están sufriendo con mayor intensidad las consecuencias de la dana. En el anexo del acuerdo se incluyó a los 87 municipios que en ese momento tenían la consideración de afectados por las inundaciones, según estipulaba la resolución dictada por el gobierno de la Generalitat el día 19 de noviembre.

El hecho de que el pasado 16 de diciembre el Consell volviera a ampliar el número de localidades con la consideración de afectadas por la dana, ha motivado que la vicepresidenta Natàlia Enguix proponga incluir a esos mismos municipios en el acuerdo de la corporación provincial que flexibiliza las condiciones para invertir del dinero del Pla Obert d’Inversions.

Los 13 nuevos municipios que podrán beneficiarse de esas condiciones son Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavès, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo y Xeraco.

Flexibilización del Pla Obert

La reformulación del Pla Obert d’Inversions para los 100 municipios que han sufrido daños a causa de la dana supone la supresión, para estos ayuntamientos, de los límites obligatorios de inversión del 10% en el ciclo del agua y otro tanto en zonas verdes e instalaciones deportivas; y al mismo tiempo elimina el requisito de presentación previa de los proyectos a ejecutar, lo que supondrá que puedan iniciar las obras sin esperar a tener aprobadas las solicitudes por parte de la Diputación que preside Vicent Mompó.

Tal y como explicó en su momento la vicepresidenta Natàlia Enguix, “los alcaldes y alcaldesas podrán decidir el destino del importe total de las ayudas en función de las necesidades de sus municipios, sin ningún tipo de condicionante o incentivos que establecimos en su momento para garantizar la ejecución de proyectos que consideramos relevantes y ajustados a los criterios de desarrollo sostenible”. Además, “buscamos agilizar en todo lo posible la puesta en marcha y ejecución de esas obras que decidan acometer, reduciendo al mínimo posible la burocracia, como hicimos en su momento suspendiendo los plazos de los expedientes presentados por los municipios que han registrado daños”.