El futuro de la Política de Cohesión post-2027. Retos y amenazas.

La política de cohesión es fundamental para asegurar que todas las regiones y personas puedan beneficiarse de las oportunidades y prosperidad económica de la Unión. Actualmente, existen importantes disparidades entre regiones más desarrolladas y aquellas que enfrentan desafíos estructurales, como la baja productividad o el desempleo crónico. Estas desigualdades no solo amenazan el bienestar social, sino también la unidad política y la competitividad global de la UE.

 

La política de cohesión es fundamental para asegurar que todas las regiones y personas puedan beneficiarse de las oportunidades y prosperidad económica de la Unión. Actualmente, existen importantes disparidades entre regiones más desarrolladas y aquellas que enfrentan desafíos estructurales, como la baja productividad o el desempleo crónico. Estas desigualdades no solo amenazan el bienestar social, sino también la unidad política y la competitividad global de la UE.

 

Hasta la fecha, los fondos de cohesión formaban parte del ADN de la Unión Europea. Por ello, la Comisión Europea, la Dirección General de Política Regional y Urbana, creó un Grupo de Especialistas de Alto Nivel sobre el futuro de la Política de Cohesión, quien publicó en febrero de este año un informe con conclusiones y recomendaciones que alimentarán el proceso de reflexión sobre la Política de Cohesión después de 2027.

 

El informe subraya que la política de cohesión debe abordar desafíos como la transición verde y la transformación digital. La UE enfrenta una pérdida de peso económico a nivel global y una creciente polarización territorial dentro de sus fronteras. Para ser más eficaz, la política de cohesión debe alejarse del enfoque tradicional de "una solución para todos" y adoptar un enfoque basado en el territorio y en las personas. Esto implica personalizar las estrategias de desarrollo para adaptarlas a las características únicas de cada región y fomentar la innovación local. El informe también recomienda simplificar los procedimientos administrativos para hacer que la política de cohesión sea más accesible y eficiente.

 

Las recientes crisis y el complejo panorama geopolítico de la UE obligan a replantearse el presupuesto comunitario en función de la gestión de la crisis y las crecientes exigencias de gasto. A pesar de estas presiones, es más probable que los futuros debates sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) se centren en reasignar los fondos existentes que en ampliar el presupuesto de la UE.

 

Esta situación ha puesto en tela de juicio la política de cohesión, la mayor partida de gasto del presupuesto de la UE. En este sentido, la Comisión Europea, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen, ha dado un paso más hacia una posible reestructuración radical del presupuesto europeo, lo que ha generado preocupación en las regiones europeas. Estas temen que el nuevo enfoque centralizador ponga en riesgo el futuro de la política de cohesión.

 

Según las primeras propuestas, el modelo de “dinero a cambio de reformas”, que se implementó con los fondos Next Generation EU como respuesta de emergencia a la pandemia, podría convertirse en la norma. La Dirección General de Presupuestos de la Comisión Europea ha compartido esta idea en una reunión reciente con otros servicios de la institución. En este esquema, los 530 programas actuales, como el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y los pagos directos a los agricultores, se fusionarían en 27 programas nacionales, uno por cada Estado miembro. Estos planes estarían vinculados a reformas económicas y al cumplimiento de objetivos previamente acordados con Bruselas, aunque el presupuesto exacto aún no se ha definido.

 

El dinero se transferiría directamente a los presupuestos nacionales, sin la intervención directa de las regiones y ciudades, como ocurre en la actualidad con los fondos estructurales y de cohesión, que se desembolsan tras la ejecución de los proyectos. Un ejemplo mencionado en las propuestas es condicionar las ayudas para la construcción de líneas ferroviarias a la implementación de reformas en la contratación pública. Las prioridades del presupuesto se revisarían anualmente, lo que permitiría una mayor flexibilidad para adaptarse a los acontecimientos durante el periodo 2028-2034.

 

Aunque la estructura del presupuesto sería más simple y flexible, como se propone en estas ideas, podría diluir políticas históricas clave y, además, dejaría fuera de la gestión de los fondos a las regiones y ciudades.

 

Este fue uno de los grandes temas de debate durante la 22 edición de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades celebrada en Bruselas hace unas semanas donde tanto el Presidente del Comité de las Regiones como otros representantes de regiones y ciudades clamaron en contra de esta propuesta.