La Diputació de València ha dado luz verde este viernes a la transferencia a los ayuntamientos de la provincia de los primeros 40 millones de euros que la corporación aporta este año al Fondo de Cooperación Municipal, el programa para inversión y gasto corriente en el que participa junto a la Generalitat. El pleno de enero ha aprobado, dos meses antes que en el anterior ejercicio, la primera entrega de esta aportación económica que llegará a los 266 municipios y las tres entidades locales menores de la provincia.
El diputado de Hacienda, Vicent Mascarell, ha justificado la presentación de la moción de urgencia para que los recursos “lleguen cuanto antes a los ayuntamientos”, al tiempo que ha avanzado una segunda entrega de 20 millones de euros que tiene la intención de llevar al pleno de febrero. En palabras del presidente de la institución, Toni Gaspar, “el hecho de haber aprobado el presupuesto en noviembre nos permite agilizar los trámites y dotar a los municipios de la liquidez que necesitan”.
Todos los grupos representados en la Diputación han votado a favor de la moción que impulsa el primer pago de la aportación provincial al Fondo de Cooperación, que completará el próximo mes el ingreso en los ayuntamientos de los 60 millones presupuestados con una segunda entrega de 20 millones de euros. “La voluntad es que los ayuntamientos dispongan de todos los recursos que destina la Diputación al Fondo antes de finalizar el primer trimestre del año, que fue el momento en que empezaron a llegar los primeros pagos el pasado año”, ha explicado Mascarell, quien no descarta destinar remanentes e incrementar la dotación del programa, como sucedió en 2022 con una histórica aportación de 80 millones de euros que cuadruplicaba la asignación del Consell a la provincia.
Reparto comarcal
Por comarcas, L’Horta Sud recibirá algo más de seis millones de euros; L’Horta Nord y La Ribera Alta superarán los cinco millones a repartir entre sus municipios; y La Safor dispondrá de cuatro millones de euros para sus localidades, desde la capital, Gandia, hasta el más pequeño de sus pueblos, Castellonet de la Conquesta.
Además, La Vall d’Albaida y El Camp de Túria superan los tres millones de euros en la primera entrega del Fondo de Cooperación por parte de la Diputació, mientras que los municipios de La Costera se repartirán 2,1 millones de euros y los de La Ribera Baixa y El Camp de Morvedre una cantidad cercana a los dos millones. Completan el reparto comarcal La Serranía, con 1,4 millones de euros; La Hoya de Buñol-Chiva, con 1,2 millones; Requena-Utiel, con algo más de un millón de euros; La Canal de Navarrés con 785.000 euros; el Valle de Ayora-Cofrentes con cerca de 600.000 euros; y El Rincón de Ademuz con 420.000.
Violencia de género
La sesión plenaria de enero en la Diputación arrancó, como es costumbre, con el recordatorio del presidente Gaspar a las víctimas de violencia de género, un total de 48 durante el pasado año y cuatro en las pocas semanas que llevamos de 2023. Gaspar arremetió contra la cobardía de los asesinos de estas mujeres y reflexionó sobre un dato alarmante: casi la mitad de las víctimas había denunciado.
La violencia machista también ha protagonizado las primeras mociones sobre las que se ha debatido en el pleno, presentadas por Compromís y el Grupo Popular. En la primera de ellas, aprobada por unanimidad, la diputada Dolors Gimeno ha pedido “más financiación y formación del personal de los juzgados” para hacer frente a la lacra de la violencia machista y atender a las mujeres víctimas. Gimeno se ha mostrado contraria a alejar los recursos judiciales a estas mujeres y ha defendido que la especialización que promueve la Generalitat “no debe estar reñida con los recursos y la proximidad”.
Por su parte, el diputado Ximo Segarra ha defendido la propuesta del PP en contra de la distribución territorial de los juzgados especializados en violencia de género planteada por la Conselleria, considerando que “no hay inversión más importante y que esté más justificada que destinar todos los recursos necesarios a mantener estos órganos en los municipios y acercarlos a las víctimas”. La portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil, ha respaldado ambas iniciativas, aunque la del Grupo Popular no ha salido finalmente adelante.
La diputada de Igualdad, Eli García, ha asegurado en su intervención que “la agrupación de partidos judiciales no conlleva la supresión de juzgados de violencia de género, sino la creación de juzgados especializados que permitan abordar estos casos de manera exclusiva y no en órganos mixtos donde se dirimen todo tipo de casos”. En opinión de la responsable provincial de Igualdad, “las víctimas pueden presentar sus denuncias en las comisarias y dependencias habilitadas en sus municipios, pero no podemos renunciar a la especialización por evitar desplazamientos de unos pocos kilómetros cuando se trata de dar la mejor respuesta ante la lacra machista”.
Sesión extraordinaria
Tras el pleno de enero, que comenzó con la despedida del diputado Joan Sanchis, quien agradeció a las diputadas y diputados el trato recibido y deseó suerte a su sucesora por La Vall ens Uneix, Natalia Enguix, ha tenido lugar una sesión extraordinaria, convocada a petición del Grupo Popular, en la que se ha abordado la creación de una Comisión Informativa No Permanente para el estudio de los contratos realizados con terceros por la extinguida Divalterra, en lo referente a asesoramiento jurídico, prevención de riesgos penales y transparencia.
La comisión informativa solicitada por el PP para “buscar la verdad sobre las contrataciones de José Luis Vera en el marco de una posible trama corrupta” ha sido desestimada por el pleno provincial. En este sentido, el presidente Gaspar ha recordado que la Diputación ha entregado la relación de contratos del período en que Vera fue responsable de los servicios jurídicos de Divalterra, tanto a los diputados y diputadas provinciales como, sobre todo, a Antifraude, que es quien determina cualquier actuación delictiva.
En este sentido, Gaspar ha puntualizado que de un total de casi un centenar de contratos entre 2015 y la extinción de Divalterra, “Vera realizó el informe de necesidad en 18 de esos contratos y solo participó en tres mesas de contratación; en el resto de contratos no intervino. Toda esta información la tienen tanto Antifraude como la UCO, que se llevó los ordenadores”.
“Esta Diputación recoge todo lo que dice Antifraude. No me gusta la política espectáculo, que es lo que busca esta comisión. Sí al Estado de Derecho, sí a la presunción de inocencia y sí a que el responsable de un delito pague por ello. Rotundamente no a la política espectáculo”, ha concluido el máximo responsable provincial.
