Jorge Rodríguez se comprometió en el pleno de investidura a dar autonomía a los alcaldes y alcaldesas y anunció la realización de una encuesta para que trasladaran sus inquietudes al nuevo equipo de gobierno de la Diputación. Este martes ha presentado junto a la vicepresidenta, Mª Josep Amigó, los resultados de una consulta que acaba aprobando con notable a la Corporación provincial, pero con algunas dudas sobre el funcionamiento de la institución y el reparto de las ayudas. “La única forma de poner la Diputación al servicio de los ayuntamientos es preguntar a los alcaldes; no sólo para saber qué opinan, sino para dar solución a sus problemas”, ha manifestado el presidente de la Diputación de Valencia.
Rodríguez destacó la nota global de 4,6 sobre 5 en la valoración de la Corporación que preside, con el partido judicial de Xàtiva como el que mejor puntúa la diputación, un 4,8 sobre 5, y el de Valencia el que peor, con un 4,2 sobre 5. Los alcaldes están satisfechos con la profesionalización de los técnicos y la cordialidad de la atención recibida, pero se quejan de la lentitud en la tramitación de los asuntos. “La respuesta la estamos trabajando reduciendo el número de planes y concentrándolos en un único y gran PPOS que respete la autonomía municipal y evite la multiplicidad en la gestión”, ha explicado el presidente.
En la misma línea se ha expresado la vicepresidenta, que ha asegurado que “se echaban en falta criterios objetivos a la hora del reparto de las ayudas” y ha añadido que el objetivo del nuevo ejecutivo es “dar a conocer la labor y los servicios que la Diputación presta a los alcaldes”.
Jorge Rodríguez ha detallado, en este punto, las acciones que tiene en marcha el gobierno provincial, caso del Quadern de la Dipu, un manual lúdico en formato de cuento para explicar el funcionamiento de la Diputación a los ciudadanos, la Carta de Servicios dirigida a los ayuntamientos, en formato digital, y una campaña divulgativa para dar a conocer la institución en todos los ámbitos.
Acabar con la discrecionalidad en las ayudas
El 97,1% de los alcaldes valencianos cree que la Diputación es muy o bastante importante como institución pública. Es la principal conclusión que se extrae de la encuesta encargada por el nuevo gobierno provincial para conocer la valoración y las necesidades de los alcaldes y alcaldesas de la provincia. Además, el 70% cree que las funciones de la corporación están claras y definidas, con una nota media de 7,77 en lo que se refiere a importancia como institución pública.
La cosa cambia cuando a los alcaldes se les pregunta por el modelo de financiación que se ha venido aplicando en los últimos años. Más de la mitad reclama mayor claridad en los criterios que se utilizan para repartir las ayudas. La nota media es de un 6,50 cuando se trata de analizar el modelo de reparto tradicional de las ayudas y programas que salen de la Diputación rumbo a los 266 municipios de la provincia. En concreto, un 56% de los alcaldes cree el reparto de los recursos no es equitativo, bien porque hasta ahora se han establecido criterios inadecuados, bien por la falta de claridad o los favoritismos de signo político que se daban en la Corporación presidida por Alfonso Rus.
En respuesta a esas dudas, la nueva Diputación ha comenzado ya a trabajar en planes que se basan siempre en criterios objetivos que los alcaldes pueden calcular para tener previsto en todo momento el dinero que les toca. Es el caso del criterio poblacional en el plan de Inversiones Financieramente Sostenibles o el plan de Caminos que ultima el área de Carreteras que dirige Pablo Seguí, en el que las ayudas se reparten con un 35% lineal y siguiendo una serie de parámetros objetivos como la superficie del término, la longitud de caminos y la población. “No se quejan tanto del dinero que les toca sino de cómo se ha hecho el reparto; muchos tienen la concepción de que se premia o castiga a los municipios según su color político”, ha señalado Jorge Rodríguez.
En cuanto al cierre de las diputaciones, la mayoría de los alcaldes, en especial los de pequeñas poblaciones, que son el grueso de la provincia, no está por la labor de que esto suceda, pero en caso de producirse, creen que otra institución, mayoritariamente la Generalitat, debería asumir esas competencias. En este sentido, el presidente considera que “la Generalitat ya tiene muchas funciones”, al tiempo que entiende la respuesta y la desorientación de los alcaldes debido al “desorden competencial que hay en este país” y el “miedo a que la Generalitat no pudiera pagar en tiempo y forma a los ayuntamientos”.
Al respecto, la vicepresidenta, Mª Josep Amigó, ha apuntado que la Diputación ya trabaja con una mayor subvención a las mancomunidades, un ógano intermedio que, en su opinión, “podría ser la solución” en caso de que algún día desaparecieran las diputaciones.
La consulta tiene una muestra de 239 alcaldes y alcaldesas, casi el 90% de los gestores que actualmente están al frente de los ayuntamientos de la provincia. El trabajo de campo se realizó entre el 23 de noviembre y el 17 de diciembre mediante consultas telefónicas de 8 minutos, con un cuestionario semi-estructurado en el que se abordaban temas como las funciones y competencias propias de la Diputación, el conocimiento de esas funciones, la atención recibida, el modelo actual de reparto de las ayudas entre los municipios y otras consideraciones sobre el futuro de estas instituciones y las posibles duplicidades con otras administraciones públicas.
El documento se ha repartido a todos los grupos políticos con presencia en la Diputación y los resultados se harán públicos en el portal de la corporación.
