El pleno de la Diputación de Valencia ha aprobado esta mañana una moción presentada por el diputado de Asesoramiento Municipal, Francisco Lledó, que ratifica el convenio entre la institución provincial y el Colegio de Abogados de Valencia para la prestación de servicios de asesoramiento jurídico, mediación, intervención y negociación sobre préstamos y arrendamientos relativos a la vivienda.
Con el voto a favor del PP, PSPV y Coalició-Compromís y con la abstención de EUPV, que protestó por la urgencia con la que iba al pleno, la Diputación de Valencia sufragará este convenio que, con un valor de 90.000 euros, servirá para mediar e intermediar en la suspensión de ejecuciones hipotecarias y en la negociación con la banca.
El texto del convenio recoge que el acuerdo tiene como objeto prestar el servicio de asesoramiento jurídico, mediación, intermediación y negociación sobre préstamos y arrendamientos relativos a la vivienda habitual en los siguientes municipios (sede de juzgados de primera instancia en la provincia de Valencia): Carlet, Catarroja, Gandia, Llíria, Massamagrell, Moncada, Ontinyent, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Requena, Sagunt, Torrent y Xàtiva.
La finalidad del convenio será la mediación en controversias sobre préstamos y arrendamientos, así como actuaciones de intermediación reguladas en el Real Decreto-Ley 6/2012, del 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos entre quienes no pueden pagar los préstamos hipotecarios que contrajeron para financiar la adquisición de su vivienda habitual porque se hallan en el denominado “umbral de exclusión”, y los bancos y demás entidades acreedoras de esos préstamos.
Asimismo, también se atenderán las solicitudes de suspensión de lanzamientos previstas en el Real Decreto-Ley 27/2012, del 15 de noviembre, para quienes se hallan en situación de vulnerabilidad y reúnen las circunstancias económicas en esa norma legal, y cualquiera de otras actuaciones de asesoramiento intermediación, mediación y negociación con las entidades bancarias en interés de quienes no puedan pagar las cuotas de los préstamos hipotecarios obtenidos para financiar la adquisición de su vivienda habitual.
Tal como se establece en el convenio, el mediador pondrá a disposición de ambas partes las técnicas y la información necesaria para que ellas puedan alcanzar acuerdos totales o parciales, evitando así que necesariamente hayan de dejar en manos de la Autoridad Judicial la solución total o parcial de sus conflictos.
Destinatarios
Los servicios se prestarán gratuitamente a los vecinos de los municipios integrados en cada partido judicial citado anteriormente que tengan alguna problemática jurídica como propietarios, usufructuarios, arrendatarios u ocupantes de inmuebles destinados a su propia vivienda habitual.
Una vez suscrito el acuerdo, la Diputación notificará a todos los municipios afectados para que se adhieran en el plazo de dos meses a este convenio mediante resolución de alcaldía que remitirán a la corporación provincial y al Colegio de Abogados.
Los interesados podrán solicitar la prestación de este servicio por escrito en el ayuntamiento del municipio donde está ubicada la vivienda. Una vez recibida la instancia, el gobierno local la remitirá al colegio de abogados o, en su caso, a las sedes de los partidos judiciales.
Servicios
Los servicios se implantarán en los siguientes lugares: Los municipios de Gandia, Torrent, Ontinyent y Xàtiva prestarán servicios en las delegaciones del ICAV. Por su parte, Carlet, Catarroja, Llíria, Massamagrell, Moncada, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Requena y Sagunt ofrecerán asesoramiento en locales que faciliten los municipios cabecera de partidos judiciales que los ayuntamientos pondrán a disposición del ICAV.
La atención personal se dará en las delegaciones del ICAV de Gandia, Torrent, Ontinyent y Xàtiva un mínimo de dos mañanas y un máximo de cuatro cada mes, de 9 a 14 horas, en función del número de peticiones.
En las delegaciones municipales de Carlet, Moncada, Catarroja, Llíria, Massamamgrell, Moncada, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Requena y Sagunt se ofrecerá el servicio de 9 a 14 horas, un mínimo de dos mañanas y un máximo de cuatro cada mes.
Ayudas a familia sin hogar
El pleno de la Diputación de Valencia ha rechazado, por otra parte, una proposición socialista presentada por el diputado Bartolomé Nofuentes para “potenciar la oficina de atención ciudadana para aquellas personas con problemas de pago de viviendas, instando al Gobierno central la exención o reducción de la plusvalía y a las entidades financieras y demás instituciones la paralización de desahucios. La petición ha sido desestimada con los votos del grupo popular y el apoyo del grupo socialista, EUPV y Coalició-Compromís y en contra del PP.
A raíz de esta propuesta, el vicepresidente Juan José Medina ha presentado una enmienda a la totalidad de la anterior propuesta que apoya el convenio con el Colegio de Abogados y, además, insta al gobierno central al estudio y regulación de la exención o reducción máxima de la cuota tributaria del impuesto de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de su vivienda en pago de la deuda.
El texto de la enmienda recoge apoyar el Real Decreto-Ley 27/ 2012, de 15 de noviembre, por el que el gobierno del PP ha aprobado una primera fase de medidas de protección de deudores hipotecarios para paliar la situación de las personas afectadas por desahucios, trabajando para conseguir que los desalojados sean paralizados durante dos años en su fase final.
Por último, se ha aprobado llevar a cabo una tarea de apoyo a la Generalitat Valenciana en la reforma de los 695 pisos para cederlos con un alquiler social a aquellas personas que han sufrido un desahucio.
La enmienda ha sido aprobada con los votos a favor del PP y los votos en contra del grupo socialista, EUPV y Coalició-Compromís.
