Solar fotovoltaica
Tras años de trabas y penalizaciones, el autoconsumo crece. Según datos de la Unión Española Fotovoltaica, la potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico logró en 2019 los 459 Megavatios (la cifra casi duplica la registrada en 2018). Sin embargo, el autoconsumo apenas representa el 7% de la potencia total de origen renovable. Es decir, el autoconsumo todavía es una gota en un mar controlado cada vez más por los grandes grupos energéticos tradicionales y por inversores que reproducen el mismo modelo de rentabilidad que afectó al sector energético hace unos años.
Al contrario de lo que sucede en países como Alemania, donde más de la mitad de la potencia fotovoltaica instalada corresponde a proyectos pequeños de menos de 40 kilovatios, nuestro modelo energético choca con lo que impulsan las directivas europeas, o sea, el autoconsumo, las comunidades energéticas y la generación de electricidad cerca de los centros de consumo. Uno de los motivos es que en los ayuntamientos no hay un trámite administrativo muy definido y conciso para la instalación de paneles solares en las viviendas.
La casuística es muy grande y las trabas varían tanto como municipios hay en este país: desde requisitos técnicos como licencias que no existen a depósitos de aval por posibles desperfectos a la vía pública de 230 € o aplicar unas tasas de 120 € por panel solar instalado.
Conscientes que “las ciudades son el lugar donde se ganará o se perderá la batalla contra el cambio climático”, desde el Área de Medio Ambiente de la Diputación de València se ha redactado, junto con la colaboración de Aselec, el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), un modelo de ordenanza que regula y facilita la implantación de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las viviendas, simplifica y ofrece claridad en los requisitos necesarios para su tramitación y recomienda a los ayuntamientos que incentiven estas instalaciones mediante la bonificación fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y sobre todo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).